Derecho Penal

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Delitos más comunes

El delito de hurto y el delito de robo están regulados en el Código Penal español y son dos de los delitos patrimoniales más comunes. Ambos delitos se refieren a la apropiación ilícita de bienes ajenos, pero difieren en la forma y las circunstancias en que se cometen. A continuación, se realiza un desarrollo de estos conceptos, cómo influyen en el procedimiento penal y la importancia de contar con asistencia jurídica desde el principio.

1. Hurto según el Código Penal

El delito de hurto está tipificado en el artículo 234 del Código Penal. Este artículo establece que comete hurto quien, con ánimo de lucro, se apodera de un bien mueble ajeno sin la voluntad de su propietario. El elemento clave en el hurto es la falta de violencia o intimidación. Clasificación del hurto:
  • Hurto leve: Cuando el valor de lo sustraído no supera los 400 euros. Este tipo de hurto se considera un delito leve, castigado con una multa.
  • Hurto grave: Cuando el valor de lo sustraído supera los 400 euros o se comete bajo circunstancias agravantes (como hurto en casa habitada, de bienes de valor histórico, entre otros), se considera un delito y puede ser castigado con penas de prisión de seis a 18 meses.

2. Robo según el Código Penal

El delito de robo está regulado en el artículo 237 y siguientes del Código Penal. A diferencia del hurto, el robo implica que la sustracción del bien se realice con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Este uso de violencia o intimidación es lo que eleva la gravedad del hecho, diferenciándolo del hurto. Clasificación del robo:
  • Robo con fuerza en las cosas: Cuando el hecho se realiza forzando las cosas, como romper una cerradura o entrar en un lugar cerrado con fines delictivos. Está penado con prisión de uno a tres años, dependiendo de las circunstancias.
  • Robo con violencia o intimidación en las personas: Es el caso más grave, ya que implica un ataque directo a la integridad física o psíquica de la víctima. La pena oscila entre dos y cinco años de prisión, pero puede aumentar en función de las agravantes.

3. Influencia en el Procedimiento Penal

La calificación de un hecho como hurto o como robo tiene una influencia significativa en el procedimiento penal, tanto en el proceso como en las penas:
  • Calificación del delito: La distinción entre hurto y robo es crucial en la calificación jurídica del hecho. Un hecho calificado como robo con violencia es mucho más grave que un hurto, lo que lleva a un proceso penal más complejo y a penas más severas.
  • Medidas cautelares: En delitos graves como el robo con violencia, es más probable que el juez imponga medidas cautelares restrictivas, como la prisión provisional, para evitar la reiteración delictiva o asegurar la presencia del imputado en el juicio.
  • Juicio rápido o proceso ordinario: Los hurtos leves pueden ser tratados en procedimientos más ágiles como los juicios rápidos, mientras que los robos graves suelen seguir un procedimiento ordinario, con más fases y garantías procesales.

4. Importancia de la Asistencia Jurídica desde el Principio

Contar con asistencia jurídica desde el primer momento es crucial por varias razones:
  • Derechos del acusado: El abogado puede garantizar que los derechos fundamentales del acusado sean respetados desde la detención, como el derecho a no declarar, a ser informado de los cargos y a contar con un intérprete si es necesario.
  • Estrategia de defensa: La defensa de un acusado comienza desde el primer momento. Un abogado puede asesorar sobre la conveniencia de declarar o no ante la policía, plantear coartadas, o solicitar pruebas periciales y testificales desde el inicio.
  • Negociación: En algunos casos, la asistencia letrada temprana permite negociar con la fiscalía para reducir cargos o penas mediante la aceptación de los hechos en una fase temprana del procedimiento.
  • Evidencia: Un abogado experimentado puede identificar fallos o irregularidades en la recolección de pruebas, lo que puede llevar a su inadmisión y, en algunos casos, a la absolución.
  • Evitar medidas cautelares innecesarias: Una buena defensa puede evitar la imposición de medidas cautelares restrictivas, como la prisión provisional, que afecten gravemente la libertad del acusado durante el proceso.
El delito de tráfico de drogas está regulado en el Código Penal español, concretamente en los artículos 368 a 372. Este delito es considerado uno de los más graves dentro del ámbito de los delitos contra la salud pública debido al impacto social que conlleva. Sin embargo, la gravedad de este delito puede variar dependiendo de la cantidad y tipo de sustancia involucrada, así como de otras circunstancias agravantes. A continuación, se detalla la regulación de este delito, su influencia en el procedimiento penal, y la importancia de la asistencia jurídica desde el inicio.

1. Tráfico de Drogas según el Código Penal

El artículo 368 del Código Penal establece que comete el delito de tráfico de drogas quien, sin autorización, cultiva, elabora o trafica con drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posee con aquellos fines, o favorece o facilita el consumo ilegal de tales sustancias. Las penas por este delito varían en función de la cantidad de droga y otros factores como la pureza de la sustancia, la pertenencia a organizaciones criminales, o si la droga está destinada a menores o a lugares concurridos.

2. Especialidad por Notoria Importancia o Extrema Gravedad

El Código Penal distingue entre casos de notoria importancia y casos de extrema gravedad, dependiendo principalmente de las cantidades de droga incautadas.

a) Delito de Notoria Importancia

Este concepto se refiere a situaciones en las que la cantidad de droga es significativa pero no llega a ser extrema. En estos casos, las penas son más severas que en los delitos simples, pero no alcanzan las penas de los casos de extrema gravedad.

b) Delito de Extrema Gravedad

Se considera extrema gravedad cuando las cantidades de droga superan ciertos umbrales muy elevados o cuando concurren circunstancias agravantes adicionales, como el uso de armas, la pertenencia a organizaciones criminales, o la distribución en lugares donde pueda afectar a menores o personas vulnerables. En estos casos, las penas pueden alcanzar los 21 años de prisión, según el artículo 369 bis del Código Penal.

3. Umbrales de Cantidad para las Drogas Más Comunes

El Tribunal Supremo ha establecido ciertos umbrales para determinar cuándo se considera que la cantidad de droga es de «notoria importancia» o de «extrema gravedad». A continuación, se detallan estos umbrales para las drogas más comunes: Cocaína:
    • Notoria importancia: A partir de 750 gramos.
    • Extrema gravedad: Más de 7,5 kilogramos.
Heroína:
    • Notoria importancia: A partir de 300 gramos.
    • Extrema gravedad: Más de 3 kilogramos.
Marihuana (cannabis):
    • Notoria importancia: A partir de 10 kilogramos.
    • Extrema gravedad: Más de 100 kilogramos.
Hachís:
    • Notoria importancia: A partir de 2,5 kilogramos.
    • Extrema gravedad: Más de 25 kilogramos.
Éxtasis (MDMA):
    • Notoria importancia: A partir de 2.500 pastillas o 300 gramos.
    • Extrema gravedad: Más de 25.000 pastillas o 3 kilogramos.

4. Influencia en el Procedimiento Penal

La calificación del delito de tráfico de drogas como de notoria importancia o de extrema gravedad tiene un impacto significativo en el procedimiento penal:
  • Calificación del delito: La gravedad del delito determinará el tipo de procedimiento penal a seguir. Los delitos de extrema gravedad, por ejemplo, pueden llevar a procedimientos más complejos y a una mayor severidad en las medidas cautelares.
  • Medidas cautelares: Es probable que en casos de extrema gravedad, el juez imponga medidas como la prisión provisional debido al riesgo de fuga o de reincidencia, dada la gravedad del delito y las elevadas penas que conlleva.
  • Juicio rápido o proceso ordinario: Los delitos de tráfico de drogas casi siempre se tratan mediante un proceso penal ordinario, debido a la complejidad del caso y a las investigaciones necesarias, especialmente en casos de gran envergadura.

5. Importancia de la Asistencia Jurídica desde el Principio

Contar con asistencia jurídica desde el inicio es esencial en los casos de tráfico de drogas por varias razones:
  • Protección de derechos: Un abogado puede asegurar que se respeten los derechos del acusado desde el momento de la detención, como el derecho a no declarar, a ser informado de los cargos y a contar con un intérprete si es necesario.
  • Análisis de pruebas: La defensa puede cuestionar la legalidad de las pruebas presentadas, como la forma en que se obtuvieron las drogas o si hubo irregularidades en el proceso de incautación.
  • Estrategia de defensa: Un abogado especializado en derecho penal puede diseñar una estrategia de defensa adecuada, que podría incluir la demostración de que las drogas no estaban destinadas al tráfico, la impugnación de la cantidad o pureza de la sustancia, o la identificación de violaciones de derechos fundamentales durante el proceso.
  • Negociación: En algunos casos, la asistencia letrada temprana permite negociar con la fiscalía para reducir cargos o penas, lo cual es crucial en delitos que pueden conllevar largas condenas de prisión.
El delito de lesiones está regulado en el Código Penal español y se refiere a aquellas conductas que atentan contra la integridad física o psíquica de una persona. Este delito puede variar en gravedad dependiendo de la intensidad de la lesión, las circunstancias en las que se produjo, y los medios empleados. A continuación, se analiza cómo se regula este delito en el Código Penal, su impacto en el procedimiento penal, y la importancia de contar con asistencia jurídica desde el inicio.

1. Delito de Lesiones según el Código Penal

El delito de lesiones está tipificado en los artículos 147 a 156 ter del Código Penal. En general, se considera delito de lesiones cualquier conducta que cause a otra persona un daño en su salud física o mental.

a) Lesiones Básicas

El artículo 147 establece que comete delito de lesiones quien, por cualquier medio o procedimiento, causa a otra persona una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La pena para este tipo de lesiones es de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses.

b) Lesiones Agravadas

El artículo 148 del Código Penal agrava las penas si concurren ciertas circunstancias, como el uso de armas, el ensañamiento, el precio, la recompensa o la promesa, si la víctima es especialmente vulnerable (como menores o personas con discapacidad), o si las lesiones se producen en el ámbito de la violencia de género o doméstica. Las penas en estos casos pueden aumentar de dos a cinco años de prisión.

c) Lesiones con Deformidad o Pérdida de Órganos

El artículo 149 regula los casos en que las lesiones causan la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, o producen una deformidad grave, estableciendo penas de seis a doce años de prisión. El artículo 150 establece que, si las lesiones ocasionan la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal, la pena será de tres a seis años de prisión.

d) Lesiones imprudentes

El artículo 152 contempla las lesiones cometidas por imprudencia grave o menos grave. Las penas varían dependiendo de la gravedad de la imprudencia y las consecuencias de la lesión, oscilando entre los tres meses y tres años de prisión.

2. Influencia en el Procedimiento Penal

La calificación de las lesiones y las circunstancias que las rodean influyen significativamente en el procedimiento penal:
  • Calificación del delito: Dependiendo de la gravedad de las lesiones (básicas, agravadas, con deformidad, o por imprudencia), el delito será tratado de forma diferente en el ámbito penal, lo que afectará las penas posibles y el tipo de procedimiento a seguir.
  • Medidas cautelares: En casos de lesiones graves, especialmente cuando existe riesgo de reiteración delictiva o cuando las lesiones se producen en contextos de violencia de género o doméstica, es posible que el juez imponga medidas cautelares como la prisión provisional, órdenes de alejamiento o prohibición de comunicación.
  • Juicio rápido o proceso ordinario: Las lesiones menos graves pueden ser tratadas mediante juicios rápidos, mientras que las lesiones graves, que conllevan penas más altas, suelen seguir un procedimiento penal ordinario, que es más largo y complejo.

3. Importancia de la Asistencia Jurídica desde el Principio

Contar con asistencia jurídica desde el inicio es crucial en los casos de lesiones por varias razones:
  • Derechos del acusado: El abogado puede asegurar que se respeten los derechos fundamentales del acusado desde el momento de la detención, incluyendo el derecho a no declarar, a ser informado de los cargos y a recibir asesoramiento legal.
  • Estrategia de defensa: Una defensa efectiva puede centrarse en demostrar la ausencia de intención de causar daño, la provocación por parte de la víctima, o la existencia de un estado de necesidad o legítima defensa.
  • Análisis de pruebas: Un abogado experto puede impugnar pruebas que se hayan obtenido de manera ilegal o que sean insuficientes para demostrar el dolo o la gravedad de las lesiones. También puede solicitar pruebas periciales adicionales para valorar la magnitud real de las lesiones.
  • Negociación: La asistencia letrada temprana permite negociar con la fiscalía o la parte contraria, buscando acuerdos que pueden reducir la pena o incluso evitar la condena, mediante la aceptación de una multa o la reparación del daño causado.
  • Evitar medidas cautelares innecesarias: Un abogado puede argumentar en contra de la imposición de medidas cautelares como la prisión provisional, presentando alternativas menos gravosas para el acusado.
El delito de violencia de género está regulado en el Código Penal español y se refiere a las conductas violentas o de intimidación que se ejercen contra una mujer por parte de su pareja o expareja con el propósito de mantener poder y control sobre ella. Este delito es especialmente grave y conlleva penas severas debido a su carácter de discriminación y sometimiento basado en razones de género. A continuación, se analiza cómo se regula este delito, su influencia en el procedimiento penal, y la importancia de contar con asistencia jurídica desde el inicio.

1. Violencia de Género según el Código Penal

El concepto de violencia de género está incorporado en varias disposiciones del Código Penal, y su tratamiento se ve reforzado por la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

a) Agresiones Físicas y Psíquicas

El artículo 153 del Código Penal establece que comete delito de violencia de género quien cause a su pareja o expareja (siempre que sea mujer) un maltrato de obra sin causar lesión, o le infrinja menoscabo psíquico, siempre que la víctima sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligada a él por una relación similar de afectividad, aún sin convivencia. La pena para este delito incluye prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, además de la privación del derecho a la tenencia de armas y la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por un tiempo de uno a cinco años.

b) Lesiones

Si las lesiones causadas son de mayor gravedad, como las tipificadas en los artículos 147 y 148 del Código Penal (lesiones básicas y agravadas), y se producen en un contexto de violencia de género, se agravan las penas previstas para las mismas. Además, se aplican las penas accesorias de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima.

c) Amenazas y Coacciones

El artículo 171 del Código Penal tipifica las amenazas leves en el ámbito de la violencia de género, castigándolas con penas de prisión de seis meses a un año, si las amenazas son de un mal que constituya delito. Si se trata de amenazas leves, la pena es de prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Las coacciones leves en el ámbito de la violencia de género también se castigan conforme al artículo 172 del Código Penal, con penas de prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

d) Violencia de Género en la Ley Orgánica 1/2004

La Ley Orgánica 1/2004 refuerza la protección de las víctimas de violencia de género, estableciendo un marco legal integral que incluye medidas de protección, asistencia jurídica, y la posibilidad de aplicar medidas cautelares inmediatas. Además, la ley reconoce a las víctimas derechos específicos, como el derecho a recibir información, asistencia social, y a ser tratadas con especial sensibilidad durante todo el proceso judicial.

2. Influencia en el Procedimiento Penal

La consideración de un delito como violencia de género tiene un impacto profundo en el procedimiento penal:
  • Medidas Cautelares: Los jueces suelen imponer medidas cautelares estrictas en casos de violencia de género, como la prisión provisional, órdenes de alejamiento, prohibición de comunicación con la víctima, y la retirada de la patria potestad en los casos que involucran menores.
  • Juicio Rápido: Dado el carácter urgente y delicado de estos casos, muchos delitos de violencia de género se tramitan mediante juicios rápidos, lo que permite que se tomen decisiones judiciales en un plazo muy breve tras la denuncia.
  • Tribunales Especializados: España cuenta con juzgados especializados en violencia sobre la mujer, que conocen en exclusiva de estos casos, garantizando una mayor especialización y sensibilización en el tratamiento de las víctimas y los acusados.
  • Penas Agravadas: Las penas en los casos de violencia de género suelen ser más severas que en otros contextos delictivos, debido a la consideración de la violencia basada en género como una agravante específica.

3. Importancia de la Asistencia Jurídica desde el Principio

Contar con asistencia jurídica desde el inicio es fundamental en los casos de violencia de género, tanto para la víctima como para el acusado: Para la Víctima:
    • Protección inmediata: Un abogado puede solicitar medidas cautelares urgentes, como órdenes de alejamiento y protección, para garantizar la seguridad de la víctima desde el primer momento.
    • Asesoramiento integral: La víctima puede recibir asesoramiento sobre todos los derechos que le asisten, incluidos los relativos a la protección, asistencia social, y la posibilidad de solicitar indemnizaciones.
    • Acompañamiento durante el proceso: Un abogado puede acompañar a la víctima durante todo el proceso, asegurando que se respeten sus derechos y que se le brinde un trato adecuado y respetuoso.
Para el Acusado:
    • Defensa de derechos: Un abogado puede garantizar que se respeten los derechos del acusado, incluyendo el derecho a una defensa justa y el acceso a un juicio imparcial.
    • Estrategia de defensa: La asistencia letrada permite desarrollar una estrategia de defensa adecuada, que puede incluir la demostración de falta de pruebas, la existencia de provocación o la refutación de la versión de los hechos presentada por la víctima.
    • Impedir medidas cautelares innecesarias: Un abogado puede argumentar en contra de la imposición de medidas cautelares como la prisión provisional o la orden de alejamiento, presentando alternativas menos gravosas para el acusado.
El delito de conducción bajo la influencia del alcohol o sustancias estupefacientes (conocido comúnmente como CIBA) está regulado en el Código Penal español y se refiere a la conducta de conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de alcohol o drogas, lo que pone en grave peligro tanto al conductor como a terceros. Este delito se toma muy en serio debido a los riesgos que conlleva para la seguridad vial. A continuación, se detalla la regulación de este delito, su impacto en el procedimiento penal, y la importancia de contar con asistencia jurídica desde el inicio.

1. Conducción Bajo la Influencia del Alcohol o Sustancias Estupefacientes según el Código Penal

El delito de conducción bajo la influencia del alcohol o drogas está regulado en el artículo 379 del Código Penal.

a) Conducción Bajo la Influencia del Alcohol

El artículo 379.2 establece que comete un delito quien conduzca un vehículo de motor o ciclomotor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/l, o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 g/l. También puede considerarse delito la conducción bajo los efectos del alcohol cuando, sin llegar a estos niveles, se produce una afectación evidente de las capacidades psicofísicas del conductor. La pena para este delito es de prisión de tres a seis meses, o multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, se impondrá la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un período de uno a cuatro años.

b) Conducción Bajo la Influencia de Sustancias Estupefacientes

El artículo 379.2 también tipifica como delito la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, sin especificar una cantidad mínima. Se considerará que el conductor está bajo la influencia de estas sustancias cuando su capacidad para conducir esté claramente disminuida por el consumo de drogas. Las penas son las mismas que para la conducción bajo la influencia del alcohol: prisión de tres a seis meses, o multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, junto con la privación del derecho a conducir por un período de uno a cuatro años.

c) Agravantes y Circunstancias Especiales

El artículo 380 establece penas más graves si la conducción bajo la influencia de alcohol o drogas se realiza de forma temeraria, es decir, poniendo en peligro concreto la vida o la integridad de las personas. En este caso, las penas pueden aumentar hasta la prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir por un período de seis a diez años. Además, si el conductor se niega a someterse a las pruebas de alcohol o drogas, puede ser condenado conforme al artículo 383 a penas de prisión de seis meses a un año y a la privación del derecho a conducir por un período de uno a cuatro años.

2. Influencia en el Procedimiento Penal

El delito de CIBA tiene una influencia significativa en el procedimiento penal, debido a las circunstancias en que generalmente se detecta (normalmente, en controles de tráfico o tras accidentes) y a las posibles consecuencias graves.
  • Calificación del delito: La gravedad del delito de CIBA dependerá de las circunstancias específicas, como la tasa de alcohol en sangre o la influencia evidente de drogas. Las circunstancias agravantes, como la conducción temeraria o la negativa a someterse a pruebas, también afectarán la calificación y las penas.
  • Medidas cautelares: En estos casos, es común que se adopten medidas cautelares como la retirada provisional del permiso de conducir, especialmente si el acusado tiene antecedentes o si se considera que existe un riesgo significativo para la seguridad vial.
  • Juicio rápido: Muchos casos de CIBA se tramitan mediante juicios rápidos debido a la evidencia clara y directa (como los resultados de las pruebas de alcohol o drogas). Esto permite una resolución rápida del caso, pero también limita el tiempo disponible para preparar una defensa adecuada.

3. Importancia de la Asistencia Jurídica desde el Principio

La asistencia jurídica desde el inicio es fundamental en los casos de CIBA por varias razones:
  • Protección de derechos: Un abogado puede asegurarse de que se respeten todos los derechos del acusado, incluyendo el derecho a una defensa adecuada y el derecho a ser informado de los cargos con precisión.
  • Impugnación de pruebas: Las pruebas de alcohol y drogas deben realizarse conforme a estrictos procedimientos legales. Un abogado puede impugnar la validez de estas pruebas si no se realizaron correctamente, lo que podría llevar a la absolución o a la reducción de las penas.
  • Negociación: En algunos casos, la asistencia letrada temprana permite negociar con la fiscalía para llegar a acuerdos que pueden reducir las penas, como aceptar una multa en lugar de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.
  • Minimización de las consecuencias: Un abogado experimentado puede presentar argumentos para minimizar las sanciones, como la suspensión condicional de la pena, especialmente si se trata de un primer delito o si el acusado tiene circunstancias personales favorables.
  • Asesoramiento en medidas alternativas: El abogado también puede asesorar sobre la posibilidad de acceder a programas de desintoxicación o educación vial, que pueden influir positivamente en el proceso penal y en la decisión final del juez.
El delito de estafa es uno de los delitos patrimoniales más relevantes en el Código Penal español, y se refiere a aquellas conductas en las que una persona obtiene un beneficio económico ilícito en perjuicio de otra mediante el engaño. Este delito tiene diversas modalidades y puede variar en gravedad según las circunstancias del caso y el monto defraudado. A continuación, se detalla la regulación de este delito, su impacto en el procedimiento penal, y la importancia de contar con asistencia jurídica desde el inicio.

1. Delito de Estafa según el Código Penal

El delito de estafa está tipificado en el artículo 248 y siguientes del Código Penal español.

a) Definición del Delito de Estafa

El artículo 248.1 establece que comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza el engaño suficiente para producir un error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El engaño debe ser bastante, es decir, lo suficientemente relevante como para engañar a una persona de inteligencia media.

b) Modalidades de Estafa

El artículo 248.2 del Código Penal describe varias modalidades específicas de estafa, como:
  • Simulación de hechos falsos: Inducir a error a alguien mediante la simulación de hechos falsos.
  • Manipulación de datos o programas informáticos: Incluye conductas como el phishing o cualquier otra forma de estafa a través de medios tecnológicos.
  • Uso de cheques o tarjetas de crédito sin fondos: Cuando se realiza un pago a sabiendas de que no hay fondos suficientes o se utiliza una tarjeta de crédito de forma fraudulenta.

c) Estafas Agravadas

El artículo 250 establece las circunstancias que agravan la pena del delito de estafa. Entre estas circunstancias se incluyen:
  • La estafa que recaiga sobre cosas de primera necesidad, vivienda u otros bienes de especial valor.
  • La estafa que cause un perjuicio patrimonial superior a 50.000 euros o que afecte a un elevado número de personas.
  • La estafa cometida por una organización o grupo criminal.
  • La estafa que recaiga sobre bienes culturales o que tenga una especial gravedad por la situación económica de la víctima.
Las penas para las estafas agravadas pueden oscilar entre uno y seis años de prisión y multa de seis a doce meses.

d) Estafa Leve

Cuando el valor defraudado no supera los 400 euros, la estafa se considera leve y se sanciona con una pena de multa de uno a tres meses, según el artículo 249.

2. Influencia en el Procedimiento Penal

La calificación del delito de estafa tiene una influencia significativa en el procedimiento penal, ya que afecta tanto a la severidad de las penas como a la naturaleza del proceso.
  • Calificación del delito: La gravedad de la estafa depende del valor defraudado y de las circunstancias agravantes. Las estafas de menor cuantía pueden tratarse en procedimientos más rápidos, mientras que las estafas agravadas suelen requerir un procedimiento ordinario más complejo.
  • Medidas cautelares: En casos de estafas de gran cuantía o cuando existe el riesgo de fuga, los jueces pueden imponer medidas cautelares como la prisión provisional, la retirada del pasaporte, o la prohibición de salir del país.
  • Juicio rápido o proceso ordinario: Las estafas leves o aquellas que no presentan complejidad pueden tramitarse mediante juicios rápidos. Sin embargo, las estafas de mayor envergadura suelen seguir un proceso penal ordinario, con más fases y garantías procesales.
  • Investigación: En los casos de estafas más complejas, la fase de instrucción puede ser extensa y requerir la intervención de peritos contables o expertos en tecnología, especialmente si la estafa implica manipulación de datos o fraudes tecnológicos.

3. Importancia de la Asistencia Jurídica desde el Principio

Contar con asistencia jurídica desde el inicio es esencial en los casos de estafa por varias razones:
  • Protección de derechos: Un abogado puede asegurarse de que se respeten todos los derechos del acusado desde la fase de instrucción, incluyendo el derecho a no declarar, a ser informado detalladamente de los cargos, y a preparar una defensa adecuada.
  • Análisis del engaño: La defensa en un caso de estafa se centra en cuestionar la existencia del engaño, su suficiencia para inducir al error, y la relación causal con el perjuicio sufrido. Un abogado experimentado puede argumentar que no existió engaño suficiente o que el acto de disposición no fue consecuencia directa del mismo.
  • Impugnación de pruebas: Es crucial impugnar cualquier prueba obtenida de manera ilegal o que no cumpla con los requisitos necesarios para demostrar el engaño o el perjuicio. Esto puede incluir la revisión de documentos, registros electrónicos o testimonios.
  • Negociación: En algunos casos, la asistencia letrada temprana permite negociar con la fiscalía o la acusación particular para reducir las penas, aceptar una compensación económica para la víctima, o evitar la prisión mediante la aplicación de medidas alternativas.
  • Minimización de las consecuencias: Un abogado puede trabajar para reducir el impacto de una condena, solicitando la suspensión de la pena o negociando la devolución de los bienes defraudados como atenuante.